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CHILE - Ciudadanía y derechos laborales

Silvia Eloisa Fernández Venegas, Observatorio laboral Chile/Equipo laboral CENDA

Viernes 14 de noviembre de 2008, puesto en línea por Claudia Casal

“Queríamos mano de obra y han venido personas.”
Max Frisco (Suiza)

Presentación

La reciente crisis financiera tiene como único parangón la crisis de 1929 en Estados Unidos, que también como ahora se difunde a escala global con un desenlace difícil de predecir. Incluye periodos largos de inestabilidades, sucesión de crisis y de turbulencias a escala global al tratarse de un problema en el marco de un modelo hegemónico, con una también hegemonía política de Estados Unidos, sin regulación alguna en ningún plano.

La gravedad de la crisis es precisamente esa, que no está restringida a los países industrializados y no existe blindaje posible en ningún país latinoamericano, ya que los efectos pueden aún ser devastadores, incluido nuestro país.

La relación de las crisis del sistema con la migración se da sobre todo en el mundo del trabajo, dado que las personas que migran están respondiendo a la falta del derecho al empleo y las condiciones de vida decentes en el propio país, también considerado como el derecho a vivir en su propio país. Surgen de esa forma los consecuentes dilemas de sobrevivencia, que les lleva fuera del lugar de origen, del lado de sus familias, amigos, su idioma, cultura, su propio mundo a otro que les permite lograr algunos recursos mayores, que casi siempre envían a sus familias, pero todo eso en un país nuevo, que puede ser hostil y discriminador, ofreciéndoles espacios sólo desde la marginalidad.

Es un hecho que el trabajo nos transforma en seres históricos, potencialmente libres y emancipados –como señalara Marx en la “Ideología Alemana”-, con una capacidad exclusiva entre los animales de transformar la naturaleza y producir los medios de subsistencia, sin embargo no siempre la transformación personal, social, natural y política que el trabajo conlleva es un acto consciente, pues se transforma en un modelo como el actual en la venta de una fuerza humana a cambio sólo por los medios mínimos para sobrevivir.

Ahora, sea un acto consciente o no, el trabajo transforma el mundo y cada generación produce cambios que hereda a las nuevas generaciones. En ese sentido, hemos heredado en todo el mundo situaciones sociales dramáticas, producidas por la profundización de la brecha de desigualdad al interior de los países y las regiones del mundo por la libre circulación del capital promovida por el neoliberalismo, una globalización económica que resulta una paradoja, pues al mismo tiempo que promueve la expansión de la fronteras económicas, no la aplica “(…) con el mismo enfoque e intensidad en el caso de la globalización de la diversidad de las culturas, que debiera ser favorecida y alentada por los Estados con el mismo ahínco.” [1]

Así, incluso soportando vivir en condiciones inferiores si comparadas con las personas de un nuevo país donde llegan, trabajadores y trabajadoras migrantes consideran que tienen mejores posibilidades de sobrevivencia que en sus países de origen, esto viene a demostrar cómo se reparte la miseria globalizada en el mundo, una de las manifestaciones más oprobiosas de la globalización neoliberal. Se conforma así un mercado internacional de mano de obra sin derechos establecidos, sin derecho a radicarse ni ejercer la ciudadanía, en una situación que les subordina a la explotación del sistema productivo que busca mano de obra flexible, barata y sólo para determinadas actividades laborales.

Trabajo y migración en Chile

La migración no es un fenómeno nuevo en el país, donde a lo largo de casi doscientos años se han avecindado diversos flujos migratorios por distintas razones, que han aportado de manera importante a la gestación y desarrollo de todos los ámbitos de la nación.

La motivación laboral es la que explica actualmente la inmigración a Chile, sin embargo, las condiciones de trabajo que enfrentan estos y estas migrantes son, en su mayoría, precarias debido esencialmente a su condición de inmigración, siendo el trabajador y/o la trabajadora ilegal quienes más sufren abusos en sus trabajos.

Es en el ámbito laboral donde son notorias las condiciones para la explotación de la migración forzada en todos los países. De un lado está como objetivo el aumento de las tasas de ganancias de las empresas y el capital y, de otro, tipos de legislación y protección local a trabajadores y trabajadoras que no responden a las necesidades de todas las personas.

Desde mediados de los noventa, el país vive un tipo de inmigración de tipo intraregional, entre países latinoamericanos vecinos, fundamentalmente de países andinos, con un creciente aumento de mujeres.

El origen es esencialmente urbano y se trata de trabajadores/trabajadoras de sectores medios empobrecidos que, en muchos casos, tienen educación básica y media, estudios técnicos o universitarios inconclusos que, por variadas razones, como la inestabilidad y desempleo de sus países, las bajas remuneraciones, la vulnerabilidad política que sufren, toman la decisión de emigrar, incluso sin considerar siempre los costos y beneficios del traslado y avecindamiento. Por ejemplo, quien emigra nunca asocia una posible rentabilidad del trabajo con la conculcación de sus derechos laborales y sociales.

Mientras, en lo nacional la apertura económica pactada sobre la base de acuerdos comerciales (TLC y ACE) en periodo democrático con la herencia legislativa de dictadura, expresada en la Constitución y en las leyes específicas para el sector laboral, convirtió a Chile en uno de los países más abiertos y desprotegidos en su comercio internacional y, por otra parte, se subdividió de sobremanera los procesos de producción y el proceso de externalización fue asumida como la estrategia empresarial dominante.

Esta práctica productiva permite los abusos de la figura del suministro permanente de fuerza laboral, en la composición del salario de trabajadores y trabajadoras, con remuneraciones en su mayoría compuestas por un monto fijo y otro variable en la forma de bonos de productividad, que traspasa el riesgo del negocio a trabajadores y trabajadoras, cuando por cualquier motivo disminuya la productividad de esas empresas (por ejemplo, el virus ISA en la salmonicultura, es decir, si existe una precarización para las personas oriundas del país, se agrava para quien viene de otro país a trabajar, sea de manera permanente u ocasional.

Es decir, la migración se da en un país que además presenta pésimos índices en cuestiones de equidad, lo que se refleja en que el 20% más rico del país percibe el 62,2% de los ingresos, mientras que el 20% más pobre sólo el 3,3%. Si bien la riqueza no se explica por los salarios, la situación social de la gran mayoría está asociada a este ingreso individual y familiar, lo que nos ayuda a comprender que la desigualdad distributiva no es sólo influida por las relaciones laborales y la fuerte concentración de la riqueza sino también a las formas concretas de la inserción de Chile en la economía mundial, ya que el país tiene una economía abierta, concentrada y transnacionalizada, con una concentración extremada de las ventas de bienes primarios -algunos no renovables- y una apertura total en materia de movimientos de capitales.

Más allá del crecimiento experimentado por la economía, el sector informal sigue representando un porcentaje muy importante del empleo y aunque la economía haya creado numerosos puestos de trabajo, hay un sector del mercado de trabajo que continúa en el sector informal, informalidad que aumenta entre trabajadores y trabajadoras de menores ingresos, es decir, población de bajos recursos que también encuentra dificultades en el acceso a los bienes sociales propios del trabajo decente, lo que provoca situaciones de exclusión social por la imposibilidad de acceder a un empleo o lograr sólo aquéllos que se da condiciones precarias. En ese espacio laboral se mueve gran número de personas migrantes por su situación legal.

Estamos hablando entonces, de un país que recibe personas para trabajar en condición precaria de los empleos, con bajos salarios, que además tienen directa relación con la falta de libertad de trabajadores y trabajadoras para el ejercicio de derechos, enunciados nacional e internacionalmente, para garantizar los principios del trabajo decente, definido por la OIT como “(…) trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social.”

De esta forma, la presencia de personas inmigrantes en Chile exige una legislación que regule todas las situaciones que presentan, dado el fenómeno de flujos migratorios en aumento desde algunos de los países vecinos. Por ejemplo, en la agroexportación, uno de los sectores que ha crecido con mayor rapidez en Chile en el curso de los últimos veinte años, en especial lo que concierne a la fruticultura y la vitivinicultura, aunque también ha sido importante el desarrollo de la avicultura y la ganadería porcina, los empresarios frutícolas han manifestado que existiría una creciente escasez de trabajadores y trabajadoras nacionales, por lo tanto, sería necesario para el sector reformar la actual política migratoria del año 1975 para crear un sistema de visas temporales de trabajo, con la modificación al límite legal en la contratación de personas extranjeras que actualmente es del 15% por empresa, creando un límite para el sector frutícola y no por empresa.

Se trata de un sector cuyo boom y su resultado para los ingresos empresariales de estos rubros, no ha ido acompañado por un mejoramiento similar de las condiciones laborales y de vida de campesinos y campesinas, de trabajadores asalariados y trabajadoras asalariadas con vínculo laboral directo o indirecto, dado que las condiciones de trabajo en la agricultura se han ido precarizado progresivamente, por lo tanto, ¿qué seguridad existe para personas extranjeras?

Situaciones como el trabajo temporal están vinculadas a la realidad de la inmigración económica, que parece ser la motivación principal para la llegada a Chile en la actualidad, encuentran en la legislación una serie de limitaciones en términos de la incorporación al trabajo por las formas en que se otorga la residencia, pues en el país se prohíbe la entrada a quienes no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o no puedan vivir con recursos propios sin constituir una carga social. Es decir, la residencia sólo es para quienes esgriman un contrato, estudiantes, temporales, o quienes tengan asilo o refugio políticos.

Existe actualmente una normativa dictaminada por el Decreto Ley 1094/1975 que regula el ingreso, residencia, permanencia definitiva, salida, reingreso, expulsión y control de toda persona extranjera en el país, además del Reglamento de Extranjería (D.S. 597/1984) que define a Chile como un país “(…) adecuadamente abierto a las migraciones, buscando la recepción no discriminatoria de los migrantes que decidan residir en el país, en acuerdo a las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y suscritos por Chile, en un contexto de respeto a la institucionalidad democrática, la Constitución y la leyes del país.”, buscando garantizar la integración económica, social y política, así como el respeto a la especificidad cultural. También está vigente D.S. 5142/1960,sobre la nacionalización de personas extranjeras.

Para la realidad actual de la migración sería necesario y urgente legislar en consecuencia, salvaguardando los derechos humanos de las personas migrantes, estableciendo los términos de la protección social, de acuerdo a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familiares, firmada por Chile en 2005.

La necesidad de una adecuada y moderna legislación en el marco de una política migratoria permanente, que no se resuelve con los “perdonazos” legales, coherente y que respete los derechos humanos puede imaginarse en los acuerdos alcanzados en los tratados internacionales en los cuales Chile participa.

El Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas –UNASUR- en Artículo 3, punto k) “la cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización migratoria y la armonización de políticas”; lo que viene a sumar los avances que en esta materia se han conseguido con los acuerdos del MERCOSUR, como la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC N° 37/04, Proyectos De Acuerdos Contra El tráfico ilícito de Migrantes, entre Los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, firmada en Belo Horizonte,16/XII/04 o el Acuerdo sobre residencia para nacionales de los estados partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, firmado en Brasilia, República Federativa del Brasil, el 6/XII/ 2002, que señala “ATENDIENDO la decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 14/96 «Participación de Terceros Países Asociados en reuniones del MERCOSUR» y la Nº 12/97 «Participación de Chile en reuniones del MERCOSUR», entre otros documentos.

La migración en la agenda política del MERCOSUR ha entrado como un tema de derechos humanos y ciudadanía, dada la proyección que apunta a un mercado común, donde la discusión para el proceso de integración ha puesto en el tapete el concepto de la libre circulación, noción que alude al espacio común entre países y abre caminos políticos al desarrollo de nuevos derechos, a nuevos vínculos entre ciudadanía y nacionalidad.

No podemos dejar de referirnos igualmente al modelo considerado exitoso en términos de la integración: la Unión Europea, cuyos avances en la unificación política consagrada en el Tratado firmado el 1º de noviembre de 1993, consagró la ciudadanía comunitaria, con todos los derechos fundamentales asociados, para todas las personas nacidas en los Estados nacionales de la Unión. Así se establecen los derechos civiles, políticos y sociales, que aseguran la libre circulación y residencia en cualquier país, además del derecho de participar de elecciones y candidaturas en elecciones locales, garantizando por la institucionalidad de cada Estado la ciudadanía supranacional.

Sin duda que en este continente, estas nociones recién empiezan a ser abordadas, pero no se puede desconocer la voluntad política del MERCOSUR, expresada en las modificaciones del tratamiento político como los señalados en los Protocolos, Declaraciones y Acuerdos referidos, para abordar el fenómeno migratorio considerando los conceptos de libre circulación de todas las personas y de trabajadores/trabajadoras, en particular. El tratamiento político de la migración supone avanzar decididamente en la idea de la libre circulación de ciudadanos trabajadores y ciudadanas trabajadoras, como base de la creación de una ciudadanía latinoamericana o sudamericana, siguiendo el ejemplo de la ciudadanía comunitaria establecida por la Unión Europea.

Las medidas para la legalización deben superar las situaciones coyunturales y lo punitivo, dado que cualquier tipo de irregularidad, sumados al miedo y la discriminación entre migrantes se transforman en facilitadores de la explotación, el deterioro de su inserción laboral, llegando incluso al tráfico de personas.

La falta de legislación, entre otros problemas, impide las acciones colectivas de las poblaciones que se asientan en el país contra el maltrato, la sobreexplotación, el acoso y los despidos arbitrarios, como incorporarse regularmente a sus categorías y organizaciones laborales, la protección específica a las mujeres migrantes, dado el aumento del flujo migratorio femenino en los últimos años.

Es fundamental considerar que al legislar se visibilizará la relación de trabajadores/trabajadoras migrantes con empleadores y empresas, superando en parte la xenofobia por vincularles con situaciones antisociales y de problemáticas generales de inserción cultural.

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[1Acevedo, Paulina. La legitimidad de la migración, disponible en http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idnota=39916

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