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Soluciones sin Estados Unidos

AMERICAS - El año del fin de la hegemonía yanqui (II)

Ernesto Tamara

Sábado 27 de diciembre de 2008, por Barómetro Internacional, Ernesto Tamara

La Organización de Estados Americanos (OEA) reaccionó como siempre con mucha lentitud y formalismo. La escalada belicista fue finalmente frenada en una cumbre del llamado Grupo de Río, celebrada en Santo Domingo, sin la presencia de delegados o funcionarios norteamericanos.

En esa reunión, el presidente colombiano Alvaro Uribe, pidió disculpas por el ataque a territorio ecuatoriano, se comprometió a no emprender nuevas acciones de ese tipo, pero insistió en que su doctrina de la «seguridad democrática» para Colombia, está por encima de las fronteras y el respeto a la soberanía de sus vecinos.

Es significativo que el acuerdo para frenar la escalada bélica y recomponer las relaciones se haya verificado sin la presencia de diplomáticos norteamericanos. Cómo subrayaron varios líderes regionales, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) se toma varios días para «analizar» la situación sin condenar una agresión que abiertamente infringe contra el artículo 21 de su Carta Orgánica, en una cumbre de seis horas, los líderes latinoamericanos, aunque discutieron fuertemente, llegaron a firmar un documento que compromete a las partes y frena el deterioro de las relaciones y la movilización de tropas en las fronteras.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo que Estados Unidos quiso bloquear todo intento de resolver la crisis con Colombia en favor de su país.

Correa reveló que varios dignatarios le dijeron que los presionaron para que no tomaran ninguna posición y descartaran trabajar para una solución al conflicto ecuatoriano-colombiano, con el argumento de que se trataba de un problema bilateral. «Por suerte, los mandatarios entendieron que se abordaba un asunto multilateral y se resolvió este conflicto, generado por la violación de la soberanía nacional de Ecuador por fuerzas militares de Colombia», subrayó.
Correa destacó que Estados Unidos es responsable de que la crisis no se haya resuelto en la OEA. «Uno de los problemas de que OEA no avance más rápido, son los Estados Unidos» recalcó el gobernante. Para ello insistió que esta experiencia hace necesario crear una OEA, sin Estados Unidos. Necesitamos una OEA sólo conformada por países de la región, «es decir una Organización de Estados Latinoamericanos», resaltó Correa.

Acumulando denuncias

Tras la muerte de Reyes el gobierno de Colombia cerró todos los caminos de negociación y estimuló una política de pago de recompensas a los guerrilleros de las FARC que deserten y asesinen a sus jefes. Una política que al parecer le dio ciertos frutos. Mientras tanto, los jefes paramilitares acogidos a la ley de «justicia y paz» comenzaron a involucrar a altos políticos del «uribismo» y hasta el mismo presidente, en componendas políticas y en masacre contra campesinos.

El fenómeno conocido como la «parapolítica» llevó a la detención de más de medio centenar de diputados y senadores, entre ellos del primo del presidente, el senador Mario Uribe que intentó refugiarse en la embajada de Costa Rica.

El presidente Uribe fue acusado por su presunta participación en la masacre del pueblo El Aro de octubre de 1997 cuando era gobernador de Antioquia.
La investigación que aún permanece abierta, está basada en el testimonio de un paramilitar preso por otros crímenes, y a quien Uribe calificó de «bandido con ánimo de venganza contra un ciudadano honorable»

Otra denuncia que lo involucró fue la compra del voto de la diputada Yidis Medina para habilitar la reelección de Uribe en el 2006. Tras el procesamiento de Yidis Medina por el delito de cohecho (al aceptar pago por su voto), la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Corte Constitucional que revisar el Acto Legislativo que permitió la reelección presidencial. Sin embargo tiempo después, la Corte Constitucional admitió que aunque existió la compra de voto, la reelección fue válida. Pero, a medida que las denuncias contra legisladores oficialistas comenzaron a acumularse, la credibilidad del gobierno fue cayendo. Sorpresivamente, a mediados de mayo, el gobierno de Uribe liquidó todas las investigaciones con la extradición de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos.

«Los antiguos jefes paramilitares no han cumplido con los compromisos que asumieron en el proceso de paz. Algunos han reincidido en actividades criminales, otros no cooperaban de manera debida con la justicia y todos incumplían con la indemnización a las víctimas», dijo el presidente colombiano al justificar la medida. Los jefes paramilitares eran reclamados por Estados Unidos acusados de narcotráfico, lavado de dinero y financiación del terrorismo.

En Colombia no era un secreto que los jefes paramilitares seguían con el negocio de la droga, ocultaban sus fortunas para no indemnizar a sus víctimas, y mantenían vínculos con las nuevas bandas paramilitares emergentes. En ese momento, la justicia investigaba a más de 60 legisladores salpicados en este escándalo, 33 de ellos en la cárcel, entre ellos Mario Uribe, primo del presidente. Además, los jefes «paras» estaban confesando la infiltración en los aparatos del Estado, incluyendo el ejército. Salvatore Mancuso, uno de los jefes para extraditarlo había revelado que el actual ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se entrevistó con él varias veces para organizar un complot contra el ex presidente Ernesto Samper. También aseguró que el vicepresidente Francisco Santos buscó apoyo de las AUC para crear un frente paramilitar en Bogotá. Con la extradición, la justicia colombiana perdió a sus principales testigos de la parapolítica.

«Se fueron los testigos de la parapolítica, con quienes los políticos han hecho los acuerdos», dijo comentó el ex ministro de Defensa Rafael Pardo y ex aspirante a la presidencia por el opositor Partido Liberal.

Por su parte, la ex canciller y dirigente del Polo Democrático, María Emma Mejía, consideró la decisión como una verdadera «tragedia» para la justicia colombiana que ahora no podrá juzgar los delitos contra la humanidad cometidos por estos paramilitares. «Todos ellos tenían delitos de lesa humanidad que debían haber sido juzgados en Colombia y por Colombia», agregó.

Con respecto a las víctimas y sus familiares, Iván Cepeda, director del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), expresó que la extradición estuvo orientada a dejar en la impunidad a los políticos, militares y empresarios que estuvieron detrás de esos crímenes. «Esta decisión busca impedir que se identifique a los cómplices políticos, militares y económicos, una parte de los cuales están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia», enfatizó Cepeda.

Tiempo después, la justicia comenzó a liberar a los políticos investigados.
Al mismo tiempo, el presidente Uribe presionó a la justicia para iniciar la investigación de supuestos vínculos de la guerrilla con legisladores opositores. La denuncia estaba basada en el contenido de los correos electrónicos encontrados en las computadoras y memorias portátiles capturadas a Raúl Reyes.

Durante meses, el gobierno colombiano filtró a la prensa supuestos contenidos de la computadora y brindó interpretación de su contenido, atribuyendo alias a personajes políticos locales y hasta presidente extranjeros.

Sin embargo, la seriedad de las denuncias basadas en el contenido de la computadora de Reyes fue lesionada con la comprobación de que la misma fue manipulada, además del mal manejo de la información contenida. En un intento por involucrar a un ministro ecuatoriano, la prensa reveló una foto del ministro en el campamento de las FARC. Sin embargo se comprobó que se trataba del secretario general del Partido Comunista argentino, Patricio Etchegaray que le había realizado una entrevista publicada en una revista argentina.

La liberación de Ingrid Betancourt

En el peor momento de popularidad internacional de Uribe, en una oscura maniobra aún no totalmente aclarada, el ejército colombiano logra la liberación de Ingrid Betancourt y otros 14 prisioneros de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) a principios de julio. Al parecer el ejército usó las negociaciones emprendidas por representantes del gobierno francés con las FARC. El gobierno colombiano interceptó -o Francia le entregó la información- las negociaciones y contactó a dos mandos medios guerrilleros a cargo de los retenidos ofreciendo una recompensa para desertar con los prisioneros.

Montaron un espectáculo con un helicóptero pintado con el símbolo de la Cruz Roja para engañar a los custodias que no estaban al tanto de la negociación y simularon una operación de canje de prisioneros. La acción, que otorgó oxigeno a un devaluado presidente, lesionó a las FARC sumergidas en una crisis con la muerte de Reyes y otros dirigentes, y la deserción de mandos medios.

Pero, un mes más tarde, a fines de agosto, el gobierno colombiano sufrió otra crisis con la captura del hermano del ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia investigado por su relación con el paramilitarismo y el narcotráfico. Según una investigación preliminar, Guillermo Valencia habría favorecido a la organización comandada por Daniel Rendón Herrera, hermano del ex jefe paramilitar conocido con el alias de El Alemán.

Tiempo después, a mediados de septiembre, el Tribunal Internacional de Opinión, celebrado en la sede del Parlamento Europeo, halló al gobierno de Colombia culpable de crímenes contra la Humanidad, tras recibir el testimonio de varios testigos, y en consonancia con el fallo de tribunales similares anteriores. Mientras la justicia prosigue esa investigación, se conoció que el ejército ha presentado «falsos positivos» en la lucha contra la insurgencia.

Hace dos años, empezaron a desaparecer campesinos y marginados sin motivo alguno. Sus cuerpos fueron encontrados después, a decenas de kilómetros, y el Ejército los contabilizó como insurgentes muertos en combate. En total han sido supuestamente 55 víctimas, aunque las ONG elevan hasta 2.100 los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, cometidas desde 2002 presuntamente por militares, en complicidad con narcotraficantes, paramilitares y delincuentes comunes. Oficialmente, la justicia investiga más de mil desapariciones. Más de 3.000 funcionarios del Ejército están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en relación con los cientos de casos que han sido denunciados. El gobierno ha destituido a 40 militares hasta ahora.

Para finalizar el año, el presidente Uribe se ha visto involucrado en una nuevo escándalo: la quiebra de las financieras que ofrecían alta rentabilidad a los depositantes. El fenómeno de las «pirámides» no sólo afectó a la campaña de recolección de firmas para impulsar una reforma constitucional que le permitiera una nueva reelección, sino que también afectó a uno de sus hijos, asociado al negocio.

Al punto que el ex ministro del Interior del gobierno de Álvaro Uribe, y tradicional líder del Partido Conservador, Carlos Holguín Sardi, pidió a los miembros de su partido «no votar un referendo reeleccionista incierto, porque serán ellos quienes paguen los platos rotos y se quedarán sin posibilidades de reaccionar». Se declaró el más uribista y releccionista de todos, pero reveló que el propio jefe de Estado le había dicho que estructurara su campaña con la claridad de que no iba a haber reelección. Por eso llamó a los partidos a arrancar motores y empezar la gesta electoral.

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