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NICARAGUA - A un año de la rebelión de abril: en resistencia y en lucha por encontrar salidas

Equipo Envío

Miércoles 24 de abril de 2019, por Claudia Casal

Abril de 2019 - Envío - A Daniel Ortega le convenía iniciar una negociación por el aislamiento internacional en que se encuentra. Y a Nicaragua le urge iniciar el camino hacia elecciones adelantadas, justas y transparentes para recuperar la confianza en el futuro del país y empezar a sacar la economía del estancamiento en que se encuentra. La oposición azul y blanco y la comunidad internacional le exigieron a Ortega negociar de buena fe, pero demostró no estar dispuesto a llegar a acuerdos sustantivos. A un año de la rebelión cívica de abril continúa la resistencia y los esfuerzos por encontrar una salida.

Las negociaciones para encontrar una solución a la crisis nacional, provocada por la matanza ordenada por Ortega y Murillo para sofocar las protestas ciudadanas iniciadas en abril de 2018, comenzaron en el diálogo nacional de mayo-junio de 2018. Aquel primer ciclo de esfuerzos por encontrar una salida tuvo importantes frutos: el mundo supo lo que pasaba en Nicaragua.

Después de un prolongado paréntesis de resistencia al terror, el 27 de febrero de 2019 inició un nuevo ciclo de esfuerzos por hallar salidas, esta vez en una mesa de negociación: frente a frente seis delegados del régimen y seis miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El desarrollo de esta negociación ha contribuido a desenmascarar ante el mundo a la pareja gobernante, demostrando que no están dispuestos ni a abandonar el poder ni a renunciar a la represión. El 3 de abril quedó “en suspenso” la mesa y concluyó el segundo ciclo de lucha por encontrar salidas. Y se abre el siguiente…

3 de abril: negociación «en suspenso»

Al llegar el 3 de abril era grande la expectativa sobre lo que ocurriría en la mesa de negociación entre el régimen y la Alianza.

Ambas partes se habían dado plazo hasta ese día para ponerle punto final a la negociación. Ese día verían hasta qué punto coincidían o no sus agendas en Democracia y Justicia. ¿Podrían firmar un acuerdo de consenso sobre estos dos temas? Había muchas dudas...

Sobre Democracia, la Alianza, representando el clamor nacional y el internacional, propuso elecciones adelantadas en el menor tiempo posible. Y la delegación de Ortega y Murillo ratificó que no negociará la anticipación de las elecciones.

Sobre Justicia, la Alianza puso sobre la mesa su propuesta: adoptar el camino de un proceso de justicia transicional -diseñados para países que salen de una guerra o de una dictadura-, coordinado por una comisión de la verdad apoyada internacionalmente, que garantice a las víctimas justicia, reparación y no repetición.

La propuesta que el régimen puso por escrito fue la creación de un “sistema integral” de justicia y reparación de las víctimas (a los asesinados les llama “fallecidos”), que estaría coordinado por instituciones del gobierno: la Policía, la Fiscalía, los tribunales de Justicia, el Ministerio de Salud…

“Lo que nos han presentado es una propuesta vergonzosa, una burla”, dijo Juan Sebastián Chamorro, uno de los seis delegados de la Alianza. Más directo, desde el exilio, el universitario Lesther Alemán: “Esto es poner a Caín a investigar el asesinato de Abel”.

Al dejar la negociación en “suspenso”, la Alianza publicó la lista de incumplimientos del gobierno, llamó a su contraparte a un período de reflexión y dio por “vencido el plazo” para encontrar consenso en estos dos temas, considerándolos “indispensables” para llegar a una salida positiva para la crisis nacional.

Nada está normal

Después de reseñar este capítulo de la mesa de negociación, resulta útil una breve crónica de los muchos altibajos por los que atravesó este proceso, tantos que hacían temer no un suspenso, sino un “punto final” cuando llegara el 3 de abril.

Cuando se instaló la mesa de negociación el 27 de febrero se cumplían casi once meses de la rebelión ciudadana de abril. Funcionarios y voceros del régimen insistían aún en llamar a la rebelión ciudadana “intento de golpe de Estado”. Lo que ya no mencionaban era otro de los mantras oficiales: “Todo está normal”. El inocultable estancamiento económico desmentía cualquier normalidad. En páginas siguientes, el economista José Vélez Morgan habla de la peligrosa anormalidad en la que se va sumiendo día tras día la economía nacional.

¿Fue la crisis económica lo que decidió a Ortega a “sentarse” a negociar? ¿O fue el temor a las sanciones internacionales? ¿O sólo quería aparentar “voluntad negociadora” ante la comunidad internacional? ¿O buscaba ganar tiempo? ¿Tiempo para qué…?

La «hoja de ruta»

Las cinco primeras sesiones de la negociación, más de veinte horas de discusión, se caracterizaron por el hermetismo acordado entre ambas partes.

Durante interminables horas elaboraron la que llamaron “hoja de ruta”, lo que serían las reglas del juego de la negociación: horarios, turnos de palabra, papel de los testigos, implementación de los acuerdos…

En esa hoja de ruta se acordó un punto estratégico que sólo hasta las vísperas del 3 de abril reveló su importancia: para cada bloque de acuerdos a los que llegaran ambas partes se comprometían a cumplirlos con garantes nacionales e internacionales... El desarrollo de las negociaciones irían de¬mostrando que la hoja de ruta era, de hecho, una camisa de fuerza para la delegación oficial.

Mientras los medios oficialistas resaltaban que la negociación “avanzaba satisfactoriamente”, la población azul y blanco asumió la responsabilidad ciudadana de contribuir con apoyo crítico, reclamándole a la Alianza más determinación.

Aunque la voluntad mayoritaria de la sociedad es que la salida sea cívica, lo que significa lograr un cambio con acuerdos sustantivos, la lentitud desesperaba a mucha gente, que encontraba insustanciales los resultados de la “hoja de ruta”. También desesperaba el rígido formalismo con el que inició la mesa, por el “acuerdo de confidencialidad” decidido entre ambas partes.

En la “ruta” por fin aprobada se anunciaba la fecha en la que se firmaría el acuerdo definitivo: 28 de marzo. ¿Sería posible esto si no se veía atisbo alguno de voluntad de cambio en el régimen…? En medios internacionales se leía que los que gestionaron que el régimen por fin se “sentara” -los gobiernos de Estados Unidos y del Vaticano y los cuatro más acaudalados empresarios nacionales- querían resultados rápidos y sin “cortocircuitos”.

Los logros del primer ciclo de la negociación

El primer cortocircuito lo causó, sorpresivamente, la Conferencia Episcopal. En el primer ciclo de la negociación, en el diálogo nacional de mayo-junio de 2018, los obispos, en pleno, jugaron un papel decisivo, reconocido nacional e internacionalmente, actuando como “mediadores y testigos”. Y, a pesar de todas las debilidades metodológicas que tuvo aquel diálogo, los logros políticos fueron muy importantes.

La población vio quebrarse, por primera vez en una década, el monólogo oficial. Vio a jóvenes universitarios, a campesinos, a mujeres y empresarios cuestionar al régimen, y eso supuso una catarsis con consecuencias políticas de envergadura.

Y con su presión, estrechamente vinculada a la que en las calles del país ejercía la población sublevada, los prelados mediadores del diálogo consiguieron un enorme logro: que el gobierno aceptara la presencia en Nicaragua de ojos y oídos internacionales.

Los informes de los organismos internacionales de derechos humanos que llegaron al país en mayo y junio resultaron trascendentales para que el mundo supiera lo que pasaba en Nicaragua, para que conociera la criminal respuesta que el régimen había dado y seguía dando a las protestas ciudadanas.

Hasta hoy son estos organismos los que continúan observando, informando y reclamando, con la misma acuciosidad y compromiso. Sus voces son claves para que cualquier negociación conduzca a una salida efectiva.

El primer cortocircuito

Ahora, en 2019 la negociación entre el régimen y la Alianza se desarrollaba en un momento diferente. Entre otras cosas, porque aunque la resistencia ciudadana es real, no hay manifestaciones masivas en las calles a causa de la represión que no ha cesado un solo día, con continuas capturas y detenciones ilegales, con el argumento oficial de que aunque el golpe de Estado fracasó, “estamos erradicando los focos delictivos”.

Por muchas razones -dolor acumulado, lógico escepticismo- la negociación comenzó en una atmósfera cargada de más temores y dudas que de esperanzas. El 4 de marzo, apenas después de dos días de reunión para elaborar la hoja de ruta, el cardenal Brenes anunció que los obispos reconsiderarían si participaban en la mesa de negociación. El día 8 la Conferencia en pleno publicó su decisión: no participa¬rían. Esto generó más desconfianza en el recién iniciado proceso.¬

En la negativa de los obispos a participar pesaron varios factores. Pesaron los ataques verbales y físicos, las amenazas y acusaciones denigrantes que el régimen promovió durante meses contra la mayoría de los obispos y contra sacerdotes de todas las diócesis.

Se conoció que el régimen rechazaba la mediación de los obispos y hasta su presencia en la mesa, y que sólo a regañadientes aceptó que estuvieran presentes sólo tres obispos y sólo en el papel de “acompañantes y testigos”, vetando expresamente a varios.

Con el retiro de los obispos, quedó únicamente en la mesa el representante del Vaticano, el nuncio Waldelomar Sommertag.

“La iglesia no se prestará”

Pesaron también las dudas que envolvían la negociación por quienes la gestionaron y la querían llevar a término con rapidez y sin cortocircuitos... En una entrevista en Internet, el obispo de Estelí, Abelardo Mata, llamó la atención diciendo que él sentía que en esa mesa se estaban “amarrando soluciones a medias, para darle largas a los problemas y que no haya justicia…” Y concluía: “La iglesia no va a callar y no se prestará a eso”.

Todas eran señales que indicaban que Ortega no iniciaba las negociaciones de buena fe. “No estaremos presentes físicamente en el foro de negociaciones -dijeron los obispos en su comunicado-, pero acompañaremos al pueblo como pastores en estos momentos cruciales de nuestra patria”. Argumentaron también afirmando que era “la hora de los laicos”, confiando en que el esfuerzo de los laicos del equipo negociador de la Alianza “llegue a buena meta”.

Después de varios encuentros con los obispos para que reconsideraran su decisión y comprobando que era irrevocable, la Alianza se levantó de la mesa el 9 de marzo. Fue éste el primer impasse.

El primer impasse

El primer impasse demostró que la Alianza tiene poder al sentarse en la mesa y también lo tiene, y tal vez más, si se levanta de la mesa, porque al hacer una u otra cosa evidencia la necesidad que tiene Ortega de aparecer ante la comunidad internacional “sentado” allí…

Buscando destrabar la negociación y darle la credibilidad y legitimidad que perdía con la ausencia de los obispos, el régimen pidió a la OEA llegar al país y sumarse a la mesa. El 11 de marzo llegó a Nicaragua Luis Ángel Rosadilla, experto en temas electorales. Enviado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que ve¬nía a observar cómo se desarrollaba la negociación para decidir después si participaba en ella.

La agenda de Ortega

El 13 de marzo, tal vez para tranquilizar a sus bases y mostrarles que mantiene la iniciativa y está firme en “quedarse” hasta el 2021, el régimen hizo pública su agenda en la negociación.

En el texto se lee que “las elecciones están establecidas para el 2021”. Se afirma que al finalizar los acuerdos ambas partes harán “un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense”. Y se anuncia la “liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua”.

Quedaba claro en el texto que es prioridad del régimen quitarse de encima las sanciones, mientras a las bases rojinegras se les enviaban dos mensajes: “el comandante se queda” y los presos han cometido “delitos”.

El 14 de marzo la Alianza regresó a la mesa por gestiones del delegado de la OEA, que quedó oficialmente acreditado en calidad de testigo y acompañante internacional. Siendo el tema electoral un tema de la agenda a discutir, la OEA es imprescindible, pues maneja desde hace dos años un cronograma detallado para la re-forma del sistema electoral que habría que acordar antes de las próximas elecciones, sean en las fechas que sean.

Los estudiantes de la Coalición Universitaria rechazaron continuar en la mesa y condicionaron su regreso a un compromiso expreso del régimen de liberar a todos los presos políticos.

No son delicuentes, son “presos políticos”

Desde que se instaló la mesa de negociación el 27 de febrero fue consenso mayoritario en nuestro país, y consenso pleno de la comunidad internacional que sigue con atención la crisis nicaragüense, que el régimen debía liberar a todos los presos políticos, dando así una señal de su voluntad de negociar de buena fe. Lo exigía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, la Unión Europea...

Al reanudarse la mesa se conoció la carta que Almagro había hecho llegar al canciller Moncada durante el impasse que provocó la ausencia de los obispos: “Es fundamental -decía- para asegurar la presencia de la Secretaría General en el diálogo la liberación de todas las personas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado como presos políticos”. Lo exigía también la OEA.

La misiva de Almagro no sólo tuvo peso por condicionar la presencia de la OEA a la liberación de los presos. También lo tuvo la calificación que daba a los capturados y encarcelados: “presos políticos”. Al responderle a Almagro, el canciller tuvo que hacerlo usando esas mismas palabras. Así, por primera vez, el régimen aceptaba que los capturados a quienes Ortega había llamado “delincuentes comunes” y todas las voces oficiales llamaban “terroristas” y “golpistas”, habían sido apresados por razones políticas y eran “presos políticos”.

Los excarcelan, no los liberan

El régimen ya había excarcelado a algunos. El 27 de febrero, horas antes de instalarse la mesa de negociación, quiso dar una señal de buena voluntad sacando de las cárceles a 12 mujeres y a 100 hombres. Pero sólo fue ex-carcelación, ya que a casi todos les aplicó la medida de casa por cárcel o la de convivencia familiar.

Salían de la cárcel, pero no quedaban libres. Y manteniendo el guion represivo, siguieron siendo acosados en sus casas por paramilitares y fanáticos del régimen.

Después de superado el impasse, y para responderle a Almagro, el régimen se comprometió a excarcelar a “un núcleo apreciable”. La expectativa de la población azul y blanco fue que serían muchos más que los primeros 112. Sin embargo, el 15 de marzo fueron excarcelados -no liberados- sólo 50: 42 hombres y 8 mujeres.

Además, los sacaron haciendo un burdo montaje: fingieron que iban en un microbús que hizo el recorrido de Managua a Masaya y en un autobús que recorrió una ruta más larga, de Managua a León. Ambos vehículos llevaban las ventanas cubiertas con cortinas y no se veía a los ocupantes, que no eran presos, sino funcionarios del sistema penitenciario...

Sin embargo, la farsa dio pie a una manifestación opositora porque centenares de gentes, perdieron el miedo y salieron a calles y carrete¬ras con banderas azul y blanco a celebrar a los “héroes de este momento de la lucha cívica”, como muchos llaman a los presos políticos.

16 marzo: represión desmedida

Indignada por el “núcleo” insignificante de los excarcelados y sorprendida por la mezquindad del montaje -nuevas pruebas de la falta de buena fe del régimen-, la oposición azul y blanco en sus diversas expresiones convocó a una movilización en Managua para exigir la libertad inmediata de to¬dos los presos políticos.

La respuesta de la población capitalina demostró la determinación de miles de participar en la marcha. Y la desproporcionada represión con que fuerzas policiales y parapoliciales impidieron con detenciones, acompañadas de violentas palizas, que nadie pudiera llegar siquiera al punto de reunión, demostró que el régimen teme a que las calles se llenen nuevamente de banderas azul y blanco, no se atreve a medir fuerzas en la calle, y no está dispuesto a dejar de aplicar la única ven¬taja con la que cuenta: las armas de la Policía.

Ese día hubo casi 200 personas detenidas, muchas golpeadas seriamente. Entre ellas, liderazgos nacionales de la oposición azul y blanco, cuatro de ellas integrantes de la Alianza que negocia en la mesa.

El canciller del régimen calificó de “inconcebible, contradictorio e insólito” que contrapartes en la negociación hubieran participado “de una provocación y alteración del orden público”. La alteración que crearon los antimotines en Managua la registraron medios nacionales e internacionales y las eficaces redes sociales y una vez más Ortega demostró su falta de voluntad.

En la medianoche de ese día todas las personas detenidas quedaron libres. Para elevar su perfil, el régimen le solicitó al nuncio que fuera él quien gestionara su liberación. En repudio a la brutal represión, la Alianza volvió a levantarse de la mesa. Segundo impasse.

La agenda de la Alianza

Cuando la Alianza anunció ante los medios que regresaría a la mesa el jueves 19 de marzo lo hizo visiblemente empoderada por los resultados de la manifestación reprimida del día 16.

Hicieron pública su agenda de negociación con todo el colectivo en pleno (titulares, suplentes y asesores) y esta vez ocuparon la mesa varias de las mujeres que integran la Alianza, que ese día ratificó su agenda: Libertad, Democracia y Justicia (liberación de todos los presos políticos y pleno respeto a las libertades, garantías y derechos de expresión, de movilización y de organización; elecciones anticipadas, justas, libres, transparentes y observadas, con un sistema electoral confiable; y procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas, con garantías de no repetición).

A esta tríada, ya conocida, le añadían como cuarto punto los mecanismos de implementación de todo lo que se firme y se acuerde, con la presencia de garantes internacionales que lo supervisen. Y como quinto punto el cumplimiento de las 18 recomendaciones que en mayo de 2018 hizo la CIDH al gobierno, que el gobierno firmó entonces, cuando participaba en el diálogo nacional, aunque sólo cumplió tres: invitar a los organismos internacionales de derechos humanos... a los que meses después expulsó del país.

La agenda de consenso

El día 20 de marzo se conoció la agenda de negociación consensuada entre ambas partes con las tres temáticas (libertad, democracia, justicia) enunciadas de forma muy general, pero con el acuerdo de que se discutirían “ampliamente”.

La agenda avanzaría -decía el consenso- mientras “en un plazo no mayor de 90 días” serían liberados todos los presos y se anularían todos los juicios por los que algunos ya habían sido juzgados y otros condenados. Ambas par¬tes consensuaron pedir a la Cruz Ro¬ja Internacional actuar como garante internacional de este acuerdo.

En un twitter, Cristiana Chamorro, hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por Somoza, y de la ex-Presidenta Violeta Barrios, escribió: “Ortega y Murillo se rindieron. En lenguaje confuso aceptan liberar a todos los presos y anular juicios con supervisión de Cruz Roja, reformas electorales con supervisión de OEA, y restablecer derechos y garantías ciudadanas y justicia con apoyo internacional”.

A pesar del lenguaje “confuso” las bases del partido de gobierno captaron que algo grave estaba ocurriendo. Y en las redes sociales rojinegras comenzó a hacerse visible el desconcierto, la desmoralización y hasta el rechazo... Sin que faltara un soplo de aliento: “El comandante sabe lo que hace, ya verán…”

El plazo de los 90 días

“Confidencial” dio a conocer que el plazo de los 90 días para la liberación de los presos “fue una oferta hecha por Ortega, que aceptó la OEA, y que la Alianza no podía ni modificar ni rechazar”.

Los azul y blanco fueron muy críticos de este plazo. Sentían un período extremadamente largo, porque muy largo había sido ya el tiempo en que la mayoría de los capturados llevaban tras las rejas, muchos aislados, casi todos torturados, muchos enfermos.

Las condiciones en las que el régimen mantiene a los presos políticos son inhumanas. “No son cárceles, son calabozos, son mazmorras”, dijo uno de los primeros excarcelados. Muchos padecen enfermedades crónicas no atendidas o adquiridas en las pésimas condiciones en que están en la cárcel. “Van a salir todos con traumas y con sus enfermedades agravadas, esto debe cesar ya”, dice una doctora que ha atendido a varios de los primeros excarcelados.

Y había otro temor: en esos 90 días, ¿qué les podría pasar si el comandante se estaba “rindiendo”? Varios presos políticos habían confiado a sus familias cuando los visitaban que algunos guardias penitenciarios, los que los torturaban, les habían dicho: “Si al comandante le pasa algo, ¡los vamos a matar a todos ustedes!”

Siendo el mandato de la Cruz Roja Internacional de carácter humanitario, la Alianza pidió que viniera también a Nicaragua como garante internacional de los derechos humanos de los presos un equipo de la CIDH, pero el gobierno se negó férreamente.

La liberación y la anulación de jiucios

Al conocer de la futura liberación de los detenidos, el 27 de marzo volvió a hablar el ex-magistrado de la Corte Suprema Rafael Solís, uno de los asesores más cercanos a Ortega, que renunció a su cargo y a su militancia en el FSLN en enero de 2019.

En un extenso documento, Solís analizaba jurídicamente que era posible que el período de 90 días se redujera a 30 días, sugería que fuera así y afirmaba que el trabajo de la Cruz Roja debía complementarlo la CIDH, por su experiencia en derechos humanos y específicamente en los derechos de los privados de libertad.

En su carta, Solís enlistó el contenido de 10 de los 16 derechos constitucionales que los artículos 33 y 34 de la Constitución Política garantizan a todos los detenidos y procesados y que no se habían respetado en ninguno de los juicios ya realizados contra los presos políticos. Y decía: “En su totalidad, y sin excepción, todos estos derechos han sido violados en todos estos procesos”. Solís afirmaba que no sólo los presos políticos debían ser liberados, también todos los juicios debían ser anulados.

Desde que se acordó el plazo de los 90 días el tema de los presos políticos ganó el máximo relieve y los miembros de la Alianza quisieron calmar la ansiedad de sus familias y de la población azul y blanco explicando una y otra vez que esa fecha podía acortarse, que sólo era la fecha tope, que para una salida ordenada había que “conciliar” primero las listas de detenidos, porque había varias: la del gobierno, la de la Alianza coincidente con la de la CIDH, la del Comité de Presos Políticos...

“Están muy cerrados”

En la cuestionada hoja de ruta que consumió la mayor cantidad de tiempo del trabajo de la mesa de negociación se había acordado que el 28 de marzo -apenas un mes después de instalada la mesa- se firmarían los acuerdos finales y comenzarían a implementarse, algo que parecía imposible.

Hasta ese día, si según muchos el objetivo de Ortega era “ganar tiempo”, parecía más bien que el propósito era hacérselo perder a la contraparte y a todo el país, porque las capturas de jóvenes continuaban, el asedio a los excarcelados continuaba, las amenazas en las redes seguían y los “avances” estaban sólo en el papel. No había señales de voluntad de cambio, de negociar de buena fe.

El día 28 fue una jornada intensa en la mesa. En el noticiero televisado de primera hora de la mañana, el más visto del país, en un canal que no es propiedad de la familia gobernante, el canciller Denis Moncada fue autorizado por la Presidencia para conceder una entrevista a una periodista que lo obligó a salirse de su trillado y conocido discurso.

El mensaje que quería el régimen que Moncada dijera fue: es “definitivo” que no habrá adelanto de las elecciones porque ese tema no estaba en la mesa ni estará. ¿Lo dijo Moncada para tranquilizar a las desmoralizadas bases rojinegras? ¿O lo dijo, como opinó Solís? Conociendo más a la pareja gobernante, comentó el ex-magistrado: “Esa declaración del canciller Moncada me dejó sorprendido. Si ésa es la posición del gobierno, para mí que el diálogo puede romperse. Uno de los puntos fundamentales de los que se habló desde un principio era el adelanto de las elecciones…Creo que no sólo es un manejo publicitario hacia afuera o para calmar a las bases sandinistas. Me dejó la percepción que es una decisión que ya la tomaron el comandante y Rosario, y que están muy cerrados en ese punto”.

La “línea roja”

Horas después de las declaraciones de Moncada, el influyente senador Marco Rubio publicó cuatro twitters en los que señalaba las condiciones “indispensables” de la negociación: libertad incondicional e inmediata de todos los presos políticos, libertad de expresión y movilización, garantías de seguridad para el retorno de los exiliados, desarme de los grupos paramilitares irregulares, elecciones adelantadas que sean libres e incluyentes y el ingreso a Nicaragua de miembros de la CIDH.

El último twitter parecía una postdata a la pareja: “Cordial recordatorio: la ley Nica Act se seguirá aplicando con toda su fuerza si el régimen de Ortega y Murillo pretende usar estas negociaciones como una farsa”.

Al caer la tarde, la Alianza respondió a las declaraciones de Moncada, dándole un ultimátum al régimen. Azahalea Solís, del equipo negociador, les advirtió con firmeza: “La negociación tiene una línea roja: liberación de presos políticos y adelanto de elecciones. De lo contrario no habrá más mesa de diálogo”.

Ese día, y como ya era de esperar, no se firmaron los acuerdos finales. La fecha para lograrlos se pospuso unos días más: hasta el 3 de abril.

Los acuerdos firmados

En medio de un impasse no declarado, el día 29 la Alianza estuvo reunida con la delegación del régimen y con una inocultable satisfacción anunció al caer la tarde a la opinión pública que habían logrado que Ortega firmara dos importantes acuerdos, el “Acuerdo de liberación de personas privadas de libertad” (evitaron llamarlos “presos políticos”) y el “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” (emplearon “fortalecer”, no “restituir”). Hay que decir que la delegación gubernamental no informaba nada a la opinión pública al término de las sesiones y nunca aceptaba preguntas de los periodistas independientes.

El lenguaje de ambos acuerdos firmados es muy ambiguo, con lo queda abierto a una interpretación sesgada y favorable al régimen, que ha demostrado emplear todo tipo de maniobras para evadir responsabilidades y cumplimiento de acuerdos. Incluso, ese lenguaje presupone nuevas discusiones, con posibles nuevos estancamientos.

Además, aunque se afirma que globalmente el acuerdo entra en vigencia “de inmediato”, cada uno de los temas acordados requiere de “protocolos operativos” y de “protocolos específicos” para su implementación, protocolos que tendrán que acordar ambas partes. Así que “la carpintería” de todo lo firmado llevará más tiempo y nuevos debates y requerirá de garantes aun no elegidos. Sabio es el refrán que advierte que “el diablo está en los detalles”. Y no es aventurado sospechar qué hará “el diablo”...

Véanse si no los rodeos lingüísticos y la ambigüedad de los textos... En el acuerdo sobre los presos, éste es el texto central: “El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), procederá a la liberación definitiva, entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas más allá de la excarcelación de las referidas personas privadas de libertad, así como a la regulación de la situación jurídica de las mismas, de conformidad con la legislación vigente y las garantías constitucionales del caso. Las medidas y procedimientos jurídicos necesarios para lo anterior serán discutidos en la Mesa de Negociación”.

El Acuerdo de los derechos restituidos hace referencia a una lista de derechos constitucionales conculcados por el régimen durante años algunos, desde abril otros, desde septiembre todos, cuando se instaló un “estado de excepción de facto”, como lo ha reiterado la CIDH.

“Demostró que es una dictadura”

“La firma de que va a cumplir lo que es su obligación es la demostración más clara de que este gobierno es una dictadura que reprime y violenta derechos humanos”, escribió Azahálea Solis, del equipo de la Alianza Cívica

En el Acuerdo se garantiza, por ejemplo, con ambigua redacción el “derecho de concentración, manifestación y movilización pública, en cumplimiento con la Constitución y las Leyes de la materia. Cumplidos los requisitos establecidos por la ley de la materia, la Policía Nacional autorizará el ejercicio de este derecho. Asimismo se reconoce que no requiere permiso previo el derecho de reunión pacífica, que no afecte la libre circulación de personas y vehículos y que no altere la normal convivencia de la población”… Pero, ¿quién determinará qué significa hoy en Nicaragua “la normal convivencia de la población”?

Resulta, por ejemplo, insólito que se haya tenido que acordar que “se reconoce plenamente el derecho irrestricto de todos los nicaragüenses a la utilización respetuosa de la Bandera Nacional, de acuerdo a la Constitución y la ley de la materia”. Pero, ¿quién determinará cómo es “la utilización respetuosa” de la bandera…?

Los acuerdos y sus protocolos

El régimen se comprometió, siempre con esta redacción ambigua, a “garantizar la constitución de organizaciones de cualquier índole”, a “revisar las decisiones adoptadas en relación a la cancelación de personerías jurídicas a asociaciones sin fines de lucro”, a “garantizar que ningún trabajador del sector público o privado sea despedido por razones de sus preferencias políticas”, a “revisar las decisiones adoptadas por el Estado en relación a los bienes: instalaciones, activos, equipos, documentos, licencias y cualquier otro bien material e inmaterial perteneciente a los medios de comunicación”, a “fortalecer la autonomía universitaria”, etcétera, etcétera.

Para todos los derechos constitucionales hasta ahora negados y ahora acordados, habrá que acordar un previo protocolo para que el régimen cumpla.

En temas aún más difíciles y complejos, como el desarme de los grupos paramilitares o la ilegalidad de que los policías usen armas de guerra o la devolución de equipos e inmuebles a ONG canceladas, se emplea en los acuerdos el verbo “instar”… Se insta al gobierno a cumplir con la ley, se insta al Ejército a cumplir con la ley, se insta a la Policía a cumplir con la ley...

Al caer la noche del 29 de marzo mucha gente se preguntaba confundida sobre todo lo acordado: si sólo para devolver derechos constitucionales había sido tan prolongado el proceso y tan inciertos los resultados, ¿cómo sería conseguir acuerdos para profundas reformas electorales en el tema de la Democracia con un régimen que ha organizado siete fraudes consecutivos?

¿Y qué más dificultoso no sería llegar a acuerdos en el tema de la Justicia con un régimen que tiene a sus máximas autoridades señaladas de cometer crímenes de lesa humanidad…?

Más represión injustificada

El sábado 30 de marzo, menos de 24 horas después de firmar un acuerdo que garantizaba el derecho “de concentración y de reunión pacífica, que no afecte la libre circulación de personas y vehículos”, una manifestación de unas cien personas que cantaban y lanzaban consignas con la bandera nacional en mano, en el parqueo de un centro comercial de Managua, fue atacada por un pistolero, que hirió de bala a tres personas.

Al reducirlo, la población, que también lo golpeó, le registró los bolsillos y se conoció su identidad: era militante del partido de gobierno y probablemente un paramilitar... La Policía, en vez de detenerlo, capturó, golpeándolos, a unos once manifestantes, jóvenes y mujeres, desplegando a decenas de policías antimotines que apuntaban al grupo con armas de guerra.

En su nota de prensa “informativa”, la Policía transformó en víctima “linchada” al hombre que disparó, lo convirtió en anciano de 70 años (tiene 57) y calificó de “violentos” a los manifestantes, que “alteraron la normal convivencia de la población” hiriendo a mujeres y niños (ningún de los tres heridos era niño o mujer).

La manifestación respondió a una convocatoria que la Unidad Azul y Blanco llamó “sentada nacional”. Se llevó a cabo en Tipitapa, Matagalpa, Somoto y otros municipios sin esta desproporcionada e injustificada represión.

Ante estos hechos, la Alianza Cívica respondió de inmediato en términos más firmes que los que había empleado en otros comunicados en los que reclamaba al gobierno.

Y trasladó en un informe a Luis Ángel Rosadilla, delegado de la OEA y al nuncio Waldemar Sommertag “la frustración” por el incumplimiento del régimen, a menos de 24 horas de haber firmado su compromiso. La Alianza esperaba que ambos jugaran un rol activo, se pronunciaran sobre este incumplimiento e incidieran en el régimen para que diera señales de buena voluntad.

La reunión más tensa de toda la negociación

La Alianza dedicó toda la noche del domingo y toda la mañana y tarde del lunes 1 de abril a proponerle a la delegación del régimen lo necesaria que era la presencia en Nicaragua de la CIDH o de la Oficina de Naciones Unidas como garantes internacionales del acuerdo sobre los derechos restituidos, firmado por ambas partes el día 29.

La hoja de ruta, firmada por ambas partes, establece que cada acuerdo firmado requiere de garantes internacionales que lo supervisen. A pesar de eso, el régimen propuso que el garante fuera nada más y nada menos que la estatal Procuraduría de Derechos Humanos, una de las instituciones más ineficientes y desprestigiadas de este gobierno, a lo que la Alianza se negó firmemente.

Miembros del equipo negociador de la Alianza, dijeron que ese primer día de abril la reunión inició con “un tono alterado”, que había sido la reunión más tensa de las tenidas hasta ese momento.

“No quieren garantes internacionales”

“La negociación está estancada porque la Alianza pide como garantes internacionales del acuerdo que restituye derechos humanos conculcados a la CIDH o a la OACNUDH, porque son organismos que ya han estado en el país y están especializados en derechos humanos...”

“Les hemos dicho que es lo único que puede devolverle a la ciudadanía confianza y credibilidad en el diálogo. No podemos seguir llenándonos de documentos que no se cumplen. El diálogo no tiene credibilidad si sigue así. Les dijimos que no vamos a abordar ningún otro tema mientras no se cumpla con la designación de los garantes internacionales”, dijo el jurista liberal y ex -diplomático José Pallais, del equipo negociador de la Alianza, en una entrevista que dio en la aún tensa tarde de ese día.

El necesaio regreso de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado desde que inició la negociación su disposición a regresar a Nicaragua.

Una primera misión de la Comisión estuvo en mayo de 2018 en nuestro país, con una misión que encabezó su secretario ejecutivo Paulo Abrão. Elaboraron un primer informe recibiendo testimonios de centenares de testigos que acudieron a hablar con los funcionarios de la CIDH. En aquella ocasión estuvieron no sólo en Managua. También recogieron información en León, Matagalpa y Masaya.

En junio llegó al país la Misión Especial de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH (MESENI), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), también vinculado a la Comisión y un representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Los tres organismos se encontraron con continuos obstáculos para desarrollar su misión, hasta que el régimen los expulsó, en agosto a la ONU y en diciembre al MESENI y al GIEI.

En el momento en que la Alianza reclamaba su regreso para este segundo ciclo de diálogo, la CIDH ya había manifestado su interés en participar en cuatro aspectos que se derivan de la mesa de negociación. En el proceso de liberación de los centenares de presos políticos para garantizar que se desarrolla siguiendo los estándares interamericanos. En la construcción de condiciones adecuadas y efectivas para el regreso con garantías de los miles de nicaragüenses exiliados. En el proceso de restitución de las personerías jurídicas de las nueve organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos civiles, políticos, ambientales, sociales, que fueron canceladas en diciembre de 2018, acusadas de “financiar el golpe de Estado”. Y en el diseño del programa de reparación de las víctimas de la violencia desatada por el Estado a partir de abril para garantizar su derecho a la verdad y a la justicia.

“Firmar me harás, cumplir jamás”

La desmedida, innecesaria, también inesperada represión del sábado contra una concentración pacífica, después del acuerdo suscrito horas antes, trajo a la memoria colectiva una de las consignas del gobierno del FSLN en los años 80, una frase que incluso un funcionario dijo públicamente que la había grabado en la pluma con la que firmaba acuerdos: “Firmar me harás, cumplir jamás”.

El temprano incumplimiento del régimen frustró a muchos. En el fondo de esta frustración está el no ver salidas a la crisis y está el dolor de miles de personas que ansían la libertad de los centenares de presos políticos, que el régimen está usando como rehenes Los presos, como varios análisis decían desde que empezaron las capturas masivas, le servirían de rehenes a Ortega, los usará como fichas para jugar con ellas en la negociación…

“El país entero es su rehén-comenta José Luis Velázquez, ex-embajador de Nicaragua en la OEA-. Ortega lo tiene todo perdido, pero tiene un recurso: tiene secuestrado al pueblo de Nicaragua. Es como un secuestrador que se mete a un banco y la policía lo cerca y él está negociando con la vida de los rehenes”.

El papel de la Alianza

¿Qué puede hacer la Alianza ante el secuestrador? Dijo Pallais en la tarde del 1 de abril, con decidida firmeza: “No continuaremos suscribiendo papeles que no valen. Sabemos a quién estamos enfrentados. Y alguien tiene que hacer la labor que hacemos nosotros. Debemos mostrarle a la comunidad internacional que nosotros no somos los intransigentes. Mostrarle que ha sido el gobierno el que no aprovechó la oportunidad de la negociación. Estamos en continuo contacto con los actores internacionales para informarles sobre la actitud pertinaz y continuada del gobierno de incumplir lo que acuerda y lo que firma. Tenemos que llenarnos de paciencia para estar ahí en esa mesa hasta que tengamos que decirle a la comunidad internacional: Lo intentamos, pero nos encontramos con una pared infranqueable. Lo intentamos, pero no pudimos”.

Y fue así como llegamos al plazo establecido del 3 de abril… para volver a empezar con un nuevo plazo. ¿Servirá esta pausa para que el régimen reflexione? ¿Nuevas sanciones internacionales lo harán reflexionar?

La “otra” negociación

Hasta aquí una breve crónica de lo ocurrido desde que se instaló la mesa de negociación. Pero muchos saben, y todos sospechan, que en la mesa redonda cubierta con blancos manteles instalada el 27 de febrero en el INCAE (Instituto Centroamericano de Ad¬ministración de Empresas), la que ocupa el escenario que todos vemos, se a¬cor¬dará el cómo se implementarán los acuerdos a los que lleguen ambas partes, pero es en las bambalinas del escenario donde se está decidiendo el qué se va a acordar.

En la trastienda está el poder hemisférico, el principal socio comercial de Nicaragua, Estados Unidos, poderoso e infaltable actor en todos los conflictos de la conflictiva historia nicaragüense.

Están negociando nuevamente con Ortega, desde que Michael McKinley, asesor del secretario de Estado Mike Pompeo, estuvo hablando varias horas con la pareja gobernante el 23 de enero.

Las continuas estratagemas del régimen para convertir la negociación en una farsa, ¿habrán convencido por fin al poder hemisférico de que no se puede conseguir un acuerdo válido y creíble, rápido y sin cortocircuitos, con un personaje tan embaucador como Ortega? “El gobierno no ha respondido al diálogo y es difícil encontrar patrones de buena fe en su conducta”, dijo el representante de Estados Unidos en el Consejo Permanente de la OEA.

El telón de fondo

La crítica situación de Venezuela es telón de fondo de las negociaciones de Estados Unidos con Ortega. Desde hace meses, Venezuela, Nicaragua y Cuba son países que aparecen hermanados en las declaraciones de los más altos funcionarios de Washington.

Si todo lo que Daniel Ortega ha hecho y deshecho en Nicaragua durante más de una década lo logró con el sostén de Venezuela, el destino de su régimen también está vinculado al del régimen de Nicolás Maduro. El 23 de enero, cuando Juan Guaidó fue aclamado como “presidente encargado” de Venezuela y Maduro como “usurpador” del cargo presidencial, marcó un punto de inflexión en el futuro de Venezuela.

Desde entonces, Ortega, viendo lo difícil que le está siendo a Estados Unidos el cercar a Maduro para sacarlo del gobierno, se mira en el espejo venezolano y tal vez se siente fortalecido... ¿Calculará que quedándose hasta 2021, para esas fechas Maduro habrá resistido, Guaidó estará olvidado y ya no estarán ahí Trump, Pence, Bolton, Abrams…?

“Ortega no tienen dudas”

En esta etapa de la negociación apare¬ció Todd Robinson, asesor sobre Centroamérica en el Departamento de Estado. Robinson fue subsecretario adjunto de la DEA, estuvo en la embajada de Guatemala de 2009 a 2012 como ministro consejero y regresó a Guatemala como embajador, donde vivió la “primavera chapina” de 2015. En 2017 pasó a Venezuela como encargado de negocios y en 2018 fue expulsado de ese país, declarado “non grato” por Maduro.

En sus años de embajador en Guatemala, Robinson apoyó decididamente el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Y sostuvo reuniones con la clase oligárquica guatemalteca: “Les dijo que no podían continuar aumentando las enormes ganancias obtenidas en los últimos sesenta años sin contribuir con un pago de impuestos justos a un país sentado sobre un volcán de miseria que empuja a la migración”. Así lo reportó en 2015 el corresponsal de Envío en Guatemala.

Robinson parece actuar como enlace con la Unión Europea en las políticas hacia Nicaragua. En Bruselas, habló claramente: “Nuestro embajador-dijo- ha tenido varias oportunidades de hablar con Ortega y Murillo y con otros miembros del gobierno. No vamos a hablar sobre el contenido de estas conversaciones en curso, excepto para decir que han sido muy directas y muy francas. Y no creo que Ortega o Murillo tengan dudas acerca de dónde se encuentra Estados Unidos en términos de alcanzar algún acuerdo político”.

También los militares

“Estamos -dijo Robinson- instando al régimen a que negocie de buena fe y tome medidas concretas ahora para restablecer la democracia cesando la represión, liberando a las personas detenidas arbitrariamente y acordando celebrar elecciones anticipadas, libres y justas. Y vamos a impulsar la idea de que en esas elecciones buscamos nuevos líderes que no incluyan a Ortega y a Murillo”.

También en Brusela Robinson advirtió: “Vamos a usar cada herramienta de nuestra caja de herramientas y eso incluirá sanciones individuales. Vamos a ser muy agresivos en identificar a quienes hayan cometido abusos o participado en algún tipo de corrupción”. Ya en Madrid afirmó que las sanciones implicarían también “a militares que han reprimido violentamente los derechos de los nicaragüenses”.

¿Quién ganó?

¿Ganó oxígeno Ortega en este segundo ciclo de negociaciones o se hizo aún más sancionable, al mostrar en la mesa dados cargados que indican que todavía no ha decidido negociar de verdad?

Hay quienes responsabilizan a la Alianza por los limitados resultados de la negociación, por no tener un manejo más técnico, una metodología más adecuada para enfrentar el desafío que representa hacer ceder a Ortega. Pero, ¿habría tenido la mesa un resultado sustantivamente mejor con otra metodología? No, no es cuestión de métodos o técnicas. Ortega tiene las armas y “empleará todas las mañas posibles para engañar y no cumplir”, como dice Pallais.

Quien sale más deslegitimado de esta vuelta negociadora es Ortega. También es una realidad que, mal que bien, y a pesar de todo, la Alianza, representando a toda la oposición azul y blanco en esta lucha titánica por sacar a Ortega y a Murillo de su autoengaño criminal está consiguiendo desenmascararlo, ya no sólo mostrando su esencia represora, sino también su condición de peligroso embaucador.

Preguntas urgentes

¿Está la oposición azul y blanco que nació autoconvocada, y todavía continúa muy dispersa, a la altura del desafío que significa enfrentar este poder? Pareciera que, sus liderazgos deberían esforzarse más en superar la incultura descalificadora, el “síndrome del figureo” y la obsesión “por salir en la foto”, porque eso no abona a la unidad necesaria para inspirar la resistencia de la población azul y blanco.

¿Y cómo llegan los poderes fácticos, Jerarquía eclesiástica y Ejército, a este finalizado segundo ciclo de la negociación? Los obispos, fortalecidos por su negativa a participar. ¿Y el Ejército...? ¿Qué decidirá hacer viendo el mendaz comportamiento de su Jefe?

Y la comunidad internacional, ¿está a la altura de la lucha que libramos para lograr una negociación efectiva y justa? Pareciera que debería entender que, a pesar de ser Nicaragua un país tan pequeño y tan pobre, atraviesa hoy una crisis tan extremada¬mente compleja que no se resolverá de forma rápida, y que no podremos resolver si nos dejan solos en este esfuerzo.

Lo que era impensable

Aunque cargados aún de muchos interrogantes, y con un aprendizaje dolorosísimo, llegamos al aniversario del abril que insurreccionó las conciencias con la certeza de haber conseguido la derrota estratégica del modelo dictatorial y dinástico de Ortega, algo que a todos nos parecía imposible e impensable el 17 de abril de 2018.


Envío, número 445, noviembre 2019.

http://www.envio.org.ni/articulo/5607

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